La amenaza lanzada ayer contra el directo de El Sur –que asumimos dirigida a todos cuantos trabajamos en este diario– refleja la descomposición del Estado de derecho en Guerrero y la profunda degradación ética y moral en que naufraga en sus últimos días el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.
Se antoja imposible albergar la esperanza de que este acto de intimidación sea investigado por las mismas autoridades que no investigaron ni castigaron el ataque a balazos sufrido por este diario el 10 de noviembre pasado, las mismas que dejaron impune el asesinato del líder del Congreso local, Armando Chavarría Barrera.
No existe confianza en las actuales autoridades del estado porque sabemos que la amenaza pudo provenir de algún enclave de poder, del gobierno mismo y probablemente por órdenes del propio gobernador Zeferino Torreblanca, quien ayer mismo pudo haber dado una muestra de responsabilidad ante el hecho pero otra vez escogió exhibir su desprecio por los periodistas al insinuar que la llamada amenazante fue hecha por los mismos integrantes de El Sur.
Por ello mismo podemos decir que esta intimidación parece ser un eslabón de la más reciente campaña de ataques públicos que el gobernador emprendió contra este periódico, y que ha incluido mentiras desproporcionadas y expresiones de abierta intolerancia al ejercicio crítico del periodismo, como expusimos aquí el jueves pasado. Fortalece esta apreciación el hecho de que se haya montado ante las oficinas del diario una aparente vigilancia por individuos no identificados.
Asimismo, no puede desvincularse de la persistente y documentada hostilidad del gobierno del contador Torreblanca hacia este medio, que entre otras acciones registra un boicot publicitario permanente y la millonaria demanda civil que por supuesta difamación presentó contra la empresa editora del periódico un hermano del gobernador en 2007. Todo lo anterior ha tenido como objetivo doblegar la independencia editorial de El Sur y someter sus páginas a la manipulación del gobierno. A ello debe añadirse el antecedente de que el director de este periódico ya había sido ilegalmente detenido por la Policía Ministerial por órdenes directas y públicas del gobernador, después de que publicara un artículo de opinión sobre el asesinato de Armando Chavarría. En consecuencia, sobran motivos para contextualizar la actual amenaza en la modalidad de las agresiones desarrolladas por Zeferino Torreblanca contra El Sur.
La interpretación que ofrece la llamada telefónica de ayer es que el rencor y la animadversión contra este diario pretenden escalar sus acciones aún más allá del ataque a balazos del 10 de noviembre, lo cual deja en estado de indefensión a quienes aquí trabajamos sólo con palabras, papel y tinta. ¿A quién recurrir, si la principal autoridad del estado descalifica de antemano los hechos?
El único instrumento a nuestro alcance es la denuncia pública. Sin duda alguna, hoy responsabilizamos al gobernador Zeferino Torreblanca de lo que le suceda al director de El Sur, a cualquiera de los trabajadores del diario y a sus instalaciones. Lo hacemos a tiempo y apelando a las garantías constitucionales de que goza todo ciudadano. Lo responsabilizamos porque su conducta frente a este diario ha rebasado con mucho la mesura y la institucionalidad que su investidura le impone, y porque con ello ha puesto en riesgo la vida de personas indefensas. Por otra parte, ratificamos que El Sur seguirá siendo El Sur.
Se antoja imposible albergar la esperanza de que este acto de intimidación sea investigado por las mismas autoridades que no investigaron ni castigaron el ataque a balazos sufrido por este diario el 10 de noviembre pasado, las mismas que dejaron impune el asesinato del líder del Congreso local, Armando Chavarría Barrera.
No existe confianza en las actuales autoridades del estado porque sabemos que la amenaza pudo provenir de algún enclave de poder, del gobierno mismo y probablemente por órdenes del propio gobernador Zeferino Torreblanca, quien ayer mismo pudo haber dado una muestra de responsabilidad ante el hecho pero otra vez escogió exhibir su desprecio por los periodistas al insinuar que la llamada amenazante fue hecha por los mismos integrantes de El Sur.
Por ello mismo podemos decir que esta intimidación parece ser un eslabón de la más reciente campaña de ataques públicos que el gobernador emprendió contra este periódico, y que ha incluido mentiras desproporcionadas y expresiones de abierta intolerancia al ejercicio crítico del periodismo, como expusimos aquí el jueves pasado. Fortalece esta apreciación el hecho de que se haya montado ante las oficinas del diario una aparente vigilancia por individuos no identificados.
Asimismo, no puede desvincularse de la persistente y documentada hostilidad del gobierno del contador Torreblanca hacia este medio, que entre otras acciones registra un boicot publicitario permanente y la millonaria demanda civil que por supuesta difamación presentó contra la empresa editora del periódico un hermano del gobernador en 2007. Todo lo anterior ha tenido como objetivo doblegar la independencia editorial de El Sur y someter sus páginas a la manipulación del gobierno. A ello debe añadirse el antecedente de que el director de este periódico ya había sido ilegalmente detenido por la Policía Ministerial por órdenes directas y públicas del gobernador, después de que publicara un artículo de opinión sobre el asesinato de Armando Chavarría. En consecuencia, sobran motivos para contextualizar la actual amenaza en la modalidad de las agresiones desarrolladas por Zeferino Torreblanca contra El Sur.
La interpretación que ofrece la llamada telefónica de ayer es que el rencor y la animadversión contra este diario pretenden escalar sus acciones aún más allá del ataque a balazos del 10 de noviembre, lo cual deja en estado de indefensión a quienes aquí trabajamos sólo con palabras, papel y tinta. ¿A quién recurrir, si la principal autoridad del estado descalifica de antemano los hechos?
El único instrumento a nuestro alcance es la denuncia pública. Sin duda alguna, hoy responsabilizamos al gobernador Zeferino Torreblanca de lo que le suceda al director de El Sur, a cualquiera de los trabajadores del diario y a sus instalaciones. Lo hacemos a tiempo y apelando a las garantías constitucionales de que goza todo ciudadano. Lo responsabilizamos porque su conducta frente a este diario ha rebasado con mucho la mesura y la institucionalidad que su investidura le impone, y porque con ello ha puesto en riesgo la vida de personas indefensas. Por otra parte, ratificamos que El Sur seguirá siendo El Sur.
No hay comentarios:
Publicar un comentario